La incorporación de sistemas de videovigilancia en las dependencias policiales se presenta como una herramienta clave para mejorar la gestión institucional, permitiendo el monitoreo interno, el resguardo de evidencia visual y la supervisión del accionar policial. Sin embargo, la falta de información pública sobre su alcance real, cobertura, protocolos de funcionamiento y almacenamiento de datos genera preocupación en sectores sociales y legislativos.
Según se pudo conocer, existe una marcada opacidad respecto a la cantidad de cámaras instaladas, los espacios que se monitorean, el tiempo de conservación de las grabaciones y el personal a cargo de su vigilancia. También se desconoce si hay protocolos específicos para el uso y resguardo de estas grabaciones o mecanismos que aseguren su integridad, especialmente en situaciones críticas.
La situación se agrava frente a los antecedentes de fugas de detenidos en comisarías y alcaidías porteñas, que evidenciaron deficiencias en los controles y en la infraestructura tecnológica. La falta de registro fílmico o la inexistencia de grabaciones clave en momentos sensibles ha motivado interrogantes sobre el funcionamiento real del sistema.
Entre las preguntas claves que se buscan responder se destacan:
- ¿Cuántas cámaras hay en cada dependencia y qué espacios monitorean?
- ¿Las cámaras graban de forma continua y cuánto tiempo se conservan esas grabaciones?
- ¿Quiénes están a cargo del monitoreo y cómo se actúa ante fallas en el sistema?
- ¿Se han producido denuncias por mal funcionamiento, manipulación indebida o ausencia de grabaciones?
También se requiere saber si existen planes de mejora o ampliación del sistema de videovigilancia, con qué plazos y en qué condiciones.
Para barrios como San Cristóbal o Balvanera, donde las comisarías son parte del entramado urbano y donde las vecinas y vecinos exigen respuestas ante situaciones de inseguridad o abuso, contar con un sistema de videovigilancia eficiente y transparente no es un lujo, sino una necesidad.
Desde distintos sectores sociales y legislativos, el reclamo es claro: sin información pública y protocolos rigurosos, no hay posibilidad de construir una política de seguridad democrática, confiable y con verdadero control ciudadano
