La demolición de las viviendas ubicadas en Roseti 202 y Conde Arnal (C. Arenal) 3709, en el barrio de Chacarita, volvió a poner en debate la protección del patrimonio arquitectónico porteño y el avance de los desarrollos inmobiliarios sobre construcciones con valor histórico. Para visibilizar la situación, organizaciones vecinales convocaron a un velorio simbólico, una intervención pública que buscó denunciar la pérdida de estos inmuebles y reclamar mayores mecanismos de preservación.
La iniciativa fue impulsada por Amparo Ambiental Chacarita, organización que desde hace años trabaja en la defensa del patrimonio urbano y ambiental del barrio. En diálogo con este medio, María Roveda explicó que la actividad pretende llamar la atención sobre un problema que consideran cada vez más frecuente: la desaparición de edificios históricos antes de que puedan ser protegidos.
Una pérdida anunciada
Según explicó Roveda, el proyecto para reemplazar la vivienda de Roseti 202 por un edificio circulaba desde hacía varios años entre vecinos y especialistas.
«La posibilidad de que esta casa fuera demolida era un comentario que venía dando vueltas desde mucho antes de la modificación del Código Urbanístico de Chacarita», señaló.
Precisamente, durante 2024, organizaciones barriales impulsaron una intensa campaña que logró introducir modificaciones parciales al Código Urbanístico para esa zona, con el objetivo de limitar algunos de los impactos de la especulación inmobiliaria. Sin embargo, esas modificaciones no alcanzaron para proteger este inmueble.
Casas evaluadas, pero sin protección
Desde Amparo Ambiental Chacarita explicaron que tanto Roseti 202 como C. Arenal 3709 fueron relevadas junto a profesionales especializados en patrimonio para incorporarlas al Catálogo de Protección Patrimonial de la Ciudad.
Sin embargo, ambas fueron finalmente desestimadas.
Actualmente, en la base pública del catálogo patrimonial (Base APH) figuran como inmuebles descartados para su protección, situación que abrió nuevos cuestionamientos entre vecinos y especialistas respecto de los criterios utilizados para definir qué edificios conservan valor patrimonial.
Para la organización, este tipo de decisiones deja desprotegidas construcciones que forman parte de la identidad histórica de los barrios.
Pedidos de información y dudas sobre el proyecto
Ante el avance de la demolición, la organización informó que actualmente existen al menos dos pedidos de acceso a la información pública para conocer detalles del emprendimiento inmobiliario.
Entre otras cuestiones, buscan determinar:
- La fecha exacta del permiso de obra.
- La normativa urbanística aplicada.
- La altura autorizada para el nuevo edificio.
- La cantidad de pisos que finalmente podrá construirse.
Desde el colectivo consideran que acceder a esa documentación resulta fundamental para garantizar la transparencia del proceso administrativo.
Un velorio para visibilizar el patrimonio que desaparece
Lejos de tratarse de una protesta tradicional, los vecinos eligieron realizar un velorio simbólico frente a las viviendas para representar la pérdida de un patrimonio que consideran irrecuperable.
La intervención buscó expresar que con cada demolición no sólo desaparece una construcción, sino también parte de la memoria urbana, la identidad barrial y el paisaje histórico de Chacarita.
Para María Roveda, este tipo de acciones también buscan abrir una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo urbano.
«La ciudad necesita crecer, pero también conservar aquellos edificios que forman parte de su historia y de la identidad de sus barrios», planteó durante la actividad.
Un debate que trasciende Chacarita
El conflicto por Roseti 202 vuelve a instalar una discusión presente en distintos barrios de Buenos Aires: cómo compatibilizar el desarrollo inmobiliario con la preservación del patrimonio arquitectónico.
Organizaciones vecinales sostienen que numerosos inmuebles llegan a ser demolidos sin haber recibido protección, aun cuando poseen valores históricos, culturales o urbanos reconocidos por especialistas.
En ese contexto, reclaman fortalecer los mecanismos de catalogación patrimonial, agilizar las evaluaciones técnicas y garantizar mayor participación ciudadana antes de autorizar intervenciones que modifiquen de manera irreversible el paisaje urbano.
