Dos proyectos presentados en la Legislatura porteña ponen el foco en el nuevo esquema que prepara el Gobierno de la Ciudad para la recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. Las iniciativas advierten sobre el impacto que podría tener la apertura de la contratación a empresas privadas y reclaman explicaciones sobre el futuro de las cooperativas de recuperadores urbanos.
El debate por el futuro del reciclado en la Ciudad de Buenos Aires sumó dos nuevos capítulos en la Legislatura porteña. La diputada Lucía Delfina Velázquez presentó un proyecto de declaración en el que expresa su preocupación por la apertura de la etapa previa a una nueva licitación para el Servicio de Recolección, Traslado y Procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos Secos. En paralelo, el diputado Alejandro Omar Grillo impulsó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer detalles del proceso y de las modificaciones previstas.
Ambas iniciativas toman como punto de partida la Resolución N° 53-GCABA-SECH/26, mediante la cual el Gobierno porteño abrió la etapa previa a la convocatoria de una Licitación Pública para contratar el servicio. Según los proyectos, el cambio implica modificar el esquema vigente desde 2021, cuando la prestación se encuentra bajo la modalidad de Concurso Público y reservada a cooperativas.
Del concurso a una licitación abierta
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el cambio en la modalidad de contratación. El proyecto de Velázquez sostiene que el nuevo esquema permitiría la participación de empresas privadas, personas humanas y uniones transitorias, mientras que el sistema actual reconoce el papel específico de las cooperativas de recuperadores urbanos.
La diferencia no sería solamente formal. Según los fundamentos de la iniciativa, el Concurso Público vigente prioriza antecedentes técnicos, planes de trabajo e indicadores de inclusión social, mientras que el nuevo esquema otorgaría al precio ofertado el 50% del puntaje final.
Para la legisladora, esto podría colocar a las cooperativas en una situación de desventaja frente a empresas con mayor capacidad financiera.
El proyecto sostiene que una empresa privada podría ofrecer precios más bajos respaldada por capital y financiamiento, mientras que una cooperativa tendría menos margen para reducir costos sin afectar los ingresos y las condiciones laborales de sus integrantes.
Qué puede pasar con las cooperativas
Otro de los puntos señalados es la posibilidad de que las cooperativas pierdan las zonas donde actualmente desarrollan su actividad.
De acuerdo con el proyecto de declaración, el anteproyecto solamente garantizaría que se pre-adjudique “al menos una zona” al conjunto de las cooperativas, sin asegurar que cada organización conserve el territorio en el que actualmente presta el servicio.
Además, la incorporación de recuperadores urbanos registrados en el Registro Único de Recuperadores Urbanos (RURU) dejaría de ser una condición obligatoria para los oferentes y pasaría a convertirse en un criterio optativo y puntuable.
Para Velázquez, esto implica un riesgo para un sistema que, según los fundamentos del proyecto, se construyó durante años alrededor de la organización territorial de las cooperativas y su conocimiento de la actividad.
La iniciativa también cuestiona que el Principio de Inclusión Social, presente como principio rector en el pliego vigente, desaparezca del anteproyecto.
Pedido de explicaciones al Gobierno porteño
El proyecto presentado por Alejandro Grillo avanza por otra vía: en lugar de expresar una posición política sobre el cambio, solicita al Poder Ejecutivo que responda una extensa lista de preguntas sobre el proceso de contratación.
El pedido establece un plazo máximo de 30 días para que el Gobierno informe sobre distintos aspectos del anteproyecto. Entre otras cuestiones, solicita conocer cuántas observaciones recibió la consulta previa, quiénes participaron, qué cooperativas fueron convocadas y cuál será el mecanismo utilizado para analizar las propuestas recibidas.
También pide conocer cuáles fueron los fundamentos jurídicos y técnicos para abandonar el Concurso Público y avanzar hacia una Licitación Pública, además de preguntar específicamente por el impacto que tendrá la ponderación del 50% del precio sobre la competitividad de las cooperativas.
De 15 zonas a seis grandes áreas
Otro de los interrogantes planteados por Grillo está relacionado con la organización territorial.
El anteproyecto modificaría el esquema actual de 15 zonas comunales para pasar a seis grandes zonas, que podrían agrupar hasta cuatro comunas cada una. El legislador solicita que el Ejecutivo explique las razones técnicas que justifican esa modificación.
Los fundamentos del pedido de informes advierten que el aumento de escala podría elevar las exigencias operativas y financieras para quienes quieran participar de la contratación. También cuestionan los requisitos de garantías, capacidad económica y la ponderación favorable para quienes cuenten con centros de reciclado propios.
La fecha que aparece como límite
El proceso también está atravesado por los plazos del contrato actualmente vigente.
El proyecto de resolución pregunta qué ocurrirá si la nueva licitación no está adjudicada y perfeccionada antes del 30 de septiembre de 2026, fecha hasta la cual se encuentra prorrogado el Concurso Público N° 1-MEPHUGC/21.
Además, solicita precisiones sobre la vinculación entre el futuro contrato para residuos secos y la prestación correspondiente a los residuos húmedos, incluida la posibilidad de que eventuales prórrogas o modificaciones en ese último servicio repercutan sobre el contrato de reciclado.
El debate por el modelo de reciclado
En sus fundamentos, los dos proyectos colocan el debate en una discusión más amplia: cuál debe ser el modelo de gestión de los residuos secos en Buenos Aires y qué lugar deben ocupar los recuperadores urbanos y las cooperativas.
El proyecto de Velázquez recuerda que la Ley N° 992 reconoció a las cooperativas de recuperadores urbanos como actores del sistema de higiene urbana, mientras que la Ley N° 1.854, conocida como Ley de Basura Cero, ratificó el marco de gestión integral de residuos.
Grillo, por su parte, plantea que el proceso requiere mayor información pública y control legislativo, especialmente sobre la participación de las cooperativas y el tratamiento que tendrán las observaciones realizadas durante la etapa previa a la licitación.
La discusión, por lo tanto, recién comienza. Mientras el Ejecutivo avanza con la preparación del nuevo proceso de contratación, los proyectos presentados en la Legislatura buscan poner bajo la lupa sus condiciones, el impacto sobre las cooperativas y las consecuencias que podría tener el cambio de modelo para uno de los servicios vinculados tanto con la gestión de residuos como con la inclusión social y el cuidado ambiental de la Ciudad.
