“Las trabajadoras de la educación de los CPI no somos descartables”, denunciaron integrantes del Colectivo de Trabajadorxs de los Centros de Primera Infancia de la Ciudad de Buenos Aires este jueves durante un acto frente a la Legislatura porteña. También alertaron el pronto cierre, si no hay una solución de fondo, de cinco de estas instituciones.
Del mismo modo, se bregó por el tratamiento parlamentario de un proyecto de ley presentado en 2021 por el Colectivo, junto a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA). “Promueve resolver estas situaciones con más derechos para todxs”, explicaron.
“Contra el cierre de los CPI, ya que cinco CPI cierran sus puertas, debido al desfinanciamiento del Programa, quedando compañeras sin trabajo y las familias sin sus espacios. Que el gobierno de la Ciudad se haga cargo de sus políticas públicas y dé continuidad laboral a sus trabajadoras. Por subsidios actualizados de acuerdo a la inflación que permita unificar salarios que respeten la canasta básica, hasta lograr las soluciones de fondo por las que luchamos. Por la equiparación del derecho social a la educación en la primera infancia. Por la equiparación de los derechos laborales y salariales de sus trabajadoras”, exigieron.
Durante el acto hicieron uso de la palabra trabajadoras de los CPI, los cuales fueron creados para “garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de las niñas y niños de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad social”, según fuentes porteñas.
Los mismos dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son gestionados por organizaciones sociales y se destacan por su fuerte vínculo con las familias y el entorno barrial.
Existe una gestión asociada entre las organizaciones y el Gobierno porteño, el cual entrega un subsidio para el funcionamiento de los CPI. No obstante, desde el Colectivo aseguran que no es suficiente y que esta dinámica genera situaciones de “precarización” tanto en lo laboral como en lo administrativo.
“Se hace lo que se puede con esos subsidios, pero no alcanza”, explicaron a Abran Paso desde el Colectivo. Por eso piden una “solución a esta situación de precariedad”.
“En algunos casos, es por una cuestión de crisis en cada una de las organizaciones. No obstante, el trasfondo es común: es por el desfinanciamiento, es por los fondos insuficientes”, enfatizan.
En el Colectivo indican que el Gobierno porteño “se desliga” de los problemas que aquejan a cada CPI. “Los CPI son una política pública, pero el GCBA no interviene y todo queda en manos de las organizaciones, son las que se tienen que hacerse responsables de las situaciones complejas que llevan al cierre”.
Es por eso que en su proyecto de ley también plantean: “El espíritu es que el Ministerio de Educación porteño se haga cargo (de los CPI, en vez de Desarrollo Humano) y equipare los derechos de las trabajadoras de los CPI; que salarialmente se haga responsable”. Que se contemple también que, si un Centro debe cerrar sus puertas, sus trabajadoras no queden desamparadas y puedan reinsertarse en otra institución de este tipo.
En forma previa, habían divulgado en Change.org una petición para dar a conocer esta problemática: “Desde el Colectivo de trabajadorxs de CPI y quienes firmamos este pedido, solicitamos que el Gobierno del a Ciudad se responsabilice por la situación que atraviesan los Centros de Primera Infancia que están cerrando sus puertas en diciembre 2022 y resuelva la continuidad laboral de sus trabajadorxs. Los Centros de Primera Infancia funcionan con lo que se denomina “gestión asociada”: cada espacio es dirigido y gestionado por una organización social (ONG, etc) dependiendo de un subsidio y lineamientos del Ministerio de desarrollo humano y hábitat porteño. Son ya cinco las instituciones que cierran sus puertas por diversas situaciones de índole administrativa y burocrática que atraviesa cada organización, pero en la que se evidencia la falta de voluntad política y el desfinanciamiento del Programa CPI”, expresa la petición.
“Desde un grupo de trabajadorxs del CPI del CPI Futuros Libres, (uno de los cinco CPI que cierra sus puertas), se le han acercado posibles soluciones a quienes dirigen el Programa de modo de evitar el cierre, pero han sido desestimadas. Cabe destacar que ese CPI en particular es el único ubicado en la COMUNA 5, por lo que implica que la Comuna dejará de contar con la única institución para la primera infancia de acceso gratuito y destinado a la población más vulnerada. Además, es uno de los pocos espacios que cuenta con sala de lactantes, siendo ésta una sala de alta demanda en la zona”, sumaron.
“Por otro lado, en todas las instituciones que cierran, su personal queda sin trabajo, alegando que fueron contratadas por organizaciones sociales que deciden bajarse del Programa. Lo que el gobierno niega, es que todas esas trabajadoras cumplen una función social y educativa que responde a una política pública del estado, que se trata nada menos del abordaje de la primera infancia, cuestión altamente sensible en la comunidad de esta ciudad. Hace años las trabajadoras reclaman ser reconocidas en su tarea pedagógica y en sus derechos como docentes y trabajadoras de la educación. Pero ante la crisis de algunas organizaciones, son despedidas. En cuanto a lxs niñxs, muchos de ellxs han sido reubicados con vacante en otros CPIs, de forma involuntaria, desarmando comunidades y alejados de sus domicilios. Es necesario que la comunidad nos acompañe y el gobierno nos escuche. ¡Las trabajadoras de los CPI no somos descartables!”, concluyen las trabajadoras de los CPI.
