El diputado porteño presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo informe cómo se controla la contaminación acústica en Buenos Aires. El pedido incluye datos sobre mediciones, estaciones de monitoreo, inspecciones, sanciones, mapas de ruido, presupuesto y controles en hospitales y escuelas.
La contaminación acústica quedó bajo la lupa de la Legislatura porteña. El diputado de la Ciudad Matías Barroetaveña presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno porteño informe, en un plazo de 30 días, cómo funciona actualmente el sistema de control y monitoreo del ruido ambiental en Buenos Aires, en el marco de la Ley 1540 y su decreto reglamentario 740/2007.
La iniciativa parte de una preocupación por la disponibilidad y continuidad de la información pública sobre los niveles de ruido en la Ciudad. El proyecto sostiene que los datos publicados muestran campañas de medición correspondientes a determinados períodos, pero que no se advierte con claridad una serie continua y homogénea que permita analizar cómo evolucionó la contaminación acústica a lo largo del tiempo.
¿Existe una red permanente para medir el ruido?
Uno de los principales interrogantes planteados por Barroetaveña es si la Ciudad cuenta actualmente con un programa permanente de monitoreo de ruido ambiental.
En caso afirmativo, el Ejecutivo deberá explicar cómo funciona y cuál es su fundamento. También deberá informar si existe una red permanente de medición, cuántas estaciones la integran, dónde están ubicados los puntos de monitoreo y cuáles son las especificaciones técnicas de los equipos utilizados.
El pedido incluye además información sobre el organismo responsable de realizar las mediciones y si intervienen empresas, universidades u otros terceros.
También se solicita que se detalle la metodología utilizada, las normas técnicas aplicadas y la frecuencia con la que se realizan los relevamientos.
La pregunta apunta, en definitiva, a conocer si la Ciudad dispone de un sistema permanente capaz de mostrar cómo varían los niveles de ruido en los distintos barrios y a lo largo del tiempo.
La información pública, en discusión
El proyecto pone especial atención sobre los datos disponibles en el portal de datos abiertos de la Ciudad.
Según los fundamentos, las campañas publicadas corresponden a distintos períodos, pero presentan interrupciones que dificultan construir una evolución histórica homogénea. Por eso, el pedido reclama que el Gobierno explique por qué existen esas series discontinuas y detalle qué campañas de medición se realizaron desde 2018.
También se pregunta si existen planes para ampliar el monitoreo y mejorar la publicación de información en formato abierto.
Para el legislador, contar con información completa, periódica y accesible no constituye solamente una cuestión estadística: también permite fortalecer el control ciudadano y facilitar el trabajo de universidades, organismos científicos y organizaciones sociales.
¿Cuándo se actualizó el Mapa Estratégico de Ruido?
Otro de los puntos centrales del proyecto está relacionado con el Mapa Estratégico de Ruido, una de las herramientas previstas por la Ley 1540.
La iniciativa solicita que el Ejecutivo informe la fecha de elaboración y de la última actualización de ese mapa y explique cuál es su estado actual.
Los fundamentos remarcan que estos instrumentos resultan necesarios para identificar las zonas con mayores niveles de exposición, establecer prioridades de intervención, evaluar el cumplimiento de los límites establecidos y medir la eficacia de las políticas implementadas.
El proyecto también pregunta por la implementación de las Áreas de Sensibilidad Acústica al Ambiente Exterior (ASAE) y por los criterios utilizados para delimitar esos sectores.
Tránsito, trenes, aviones y bares: las fuentes del ruido
La iniciativa señala que la problemática adquiere particular relevancia en Buenos Aires por su alta densidad urbana, la circulación vehicular, los corredores ferroviarios y aeroportuarios, las actividades comerciales y recreativas y el desarrollo permanente de obras públicas y privadas.
El proyecto identifica al tránsito vehicular como la principal fuente de contaminación acústica, aunque también menciona a las motocicletas, el transporte ferroviario, la actividad aeroportuaria, los establecimientos gastronómicos y de esparcimiento, los locales bailables, determinadas actividades industriales y las obras en construcción.
El argumento es que el ruido no constituye solamente una molestia cotidiana: puede afectar el descanso, el desempeño de actividades educativas y laborales y el bienestar general de quienes viven en las zonas más expuestas.
El impacto sobre la salud
Los fundamentos del proyecto también ponen el foco en las consecuencias que puede tener la exposición prolongada a niveles elevados de ruido.
El documento cita estudios científicos según los cuales el ruido ambiental está asociado con alteraciones del sueño, dificultades de concentración y aprendizaje, estrés, trastornos de ansiedad y disminución del rendimiento laboral y escolar, además de un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.
Por ese motivo, la iniciativa considera que la contaminación acústica debe ser abordada como una problemática ambiental y de salud pública, y no solamente como un inconveniente vinculado con la convivencia urbana.
Cuántas multas y controles se realizaron
Otro de los pedidos apunta directamente a la fiscalización.
Barroetaveña solicita que el Gobierno porteño informe cuántas inspecciones, actas de infracción y sanciones por contaminación acústica se realizaron durante los últimos cinco años.
El proyecto también busca conocer qué medidas fueron adoptadas para reducir la exposición de la población a niveles elevados de ruido y cómo se desarrollaron las acciones de control en sectores considerados especialmente sensibles.
Entre ellos aparecen hospitales, establecimientos educativos, residencias para personas mayores y otras áreas sensibles, donde el impacto del ruido puede adquirir particular relevancia.
¿Cuánto dinero se destina a controlar el ruido?
Finalmente, el proyecto pide información sobre el presupuesto destinado al monitoreo y control de la contaminación acústica en la Ciudad.
El dato permitiría conocer qué recursos asigna el Gobierno porteño a la medición, fiscalización y prevención de una problemática que, según los fundamentos, requiere información sistemática para poder diseñar políticas públicas efectivas.
La iniciativa plantea así una serie de interrogantes sobre el cumplimiento de las herramientas previstas por la Ley 1540: qué se mide, dónde se mide, con qué frecuencia, quién controla, qué sanciones se aplican y cuánto dinero se destina a esa tarea.
El proyecto sostiene que disponer de información ambiental actualizada resulta indispensable para evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer las políticas de prevención y control de la contaminación acústica en Buenos Aires.
