“Es un verdadero laboratorio de lawfare contra quienes se dedican al comercio popular como forma de subsistencia. El accionar de Ramirez tiene como trasfondo servir a los intereses de las marcas multinacionales como Nike o Channel”, afirmaron los miembros de la organización en un comunicado. A los delitos denunciados se agrega el agravante de constituir actos discriminatorios contra trabajadores de espacios públicos, especialmente migrantes senegaleses.
La denuncia se enmarca en los 40 allanamientos en locales y depósitos solicitados por la Fiscal el 21 de diciembre. Según la UTEP, es una medida ilegal a pedido de Nike que dejó a más de 100 vendedores ambulantes sin su fuente de trabajo en la semana previa a Navidad.
Foto publicada en las redes sociales de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
“No es un hecho aislado. El modus operandi es la utilización de figuras penales como asociación ilícita y falsificacion de marcas, que luego no se corresponden con los hechos que dice investigar, para luego justificar su intervención en casos donde no tiene competencia y así consolidar la persecución”, agregaron en publicación difundida a través de redes sociales.
En la denuncia sostienen que el círculo cierra con la intervención del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la Agencia Gubernamental de Control y la Policía de la Ciudad, “llevando adelante decomisos ilegales de mercadería y reprimiendo a quienes intentan defenderse”.
Por otro lado se refirieron mención de la “ley de marcas” por parte de Ramirez: “Ignora que la aplicación de la misma no es su competencia sino de la justicia federal; y que además, la jurisprudencia indica que la venta ambulante no viola dicha ley”.
El comercio popular en espacios públicos es un fenómeno a nivel mundial vinculado a las distintas formas de subsistencia que encontraron los trabajadores excluidos del mercado laboral formal. “En CABA, la única respuesta del Estado es la persecución, represión y criminalización, con la gravedad del componente xenófobo y racista ya que en su mayoría son trabajadores migrantes de países de África y Latinoamérica”, cuestionaron los denunciantes.
