Desde el Ministerio de Educación porteño justificaron la decisión en “variables cuantitativas” relacionadas con la matrícula. Sin embargo, desde la comunidad educativa advierten que no se tuvieron en cuenta los impactos pedagógicos, sociales y comunitarios que este tipo de medidas provocan, especialmente en un contexto de creciente desigualdad y crisis económica.
Docentes, directivos y familias señalan que el cierre de grados vulnera derechos establecidos en normativas nacionales y locales, como la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Constitución de la Ciudad. En particular, mencionan que estas decisiones afectan la calidad educativa al aumentar la cantidad de alumnos por aula, dificultar el acompañamiento personalizado y desarmar proyectos institucionales construidos colectivamente por los equipos docentes.
Además, alertan sobre el impacto negativo en la inclusión educativa, ya que muchos niños y niñas deberán ser reubicados, incluso en escuelas lejanas a sus barrios, lo que representa una carga adicional para las familias y agrava la situación de aquellos con trayectorias escolares más frágiles.
“La educación no puede gestionarse únicamente con planillas de Excel”, expresó una docente de una de las escuelas afectadas. “Hay vínculos, historias y proyectos pedagógicos que se ven amenazados cuando se decide cerrar un grado sin diálogo ni participación”, agregó.
La comunidad educativa exige que las decisiones de reorganización escolar se realicen con enfoque territorial, participativo y pedagógico, tal como lo establecen los principios del gobierno escolar democrático. Para eso, reclaman instancias de diálogo con equipos directivos, supervisores y las propias comunidades barriales que sostienen cotidianamente la vida escolar.
En barrios como Villa Ortúzar, Chacarita y La Paternal, vecinas y vecinos ya comenzaron a organizarse en asambleas y reuniones para visibilizar el conflicto, prevenir la posibilidad de futuros cierres, y exigir que se revierta la medida. En un contexto donde la educación pública sigue siendo pilar de la cohesión social, el cierre de grados aparece como una señal de retroceso que afecta no solo a las escuelas, sino a toda la comunidad.
