El jueves pasado la ONG Buenos Vecinos BA protestó en la Comisaría 3A, ubicada en Paso y Lavalle, para exigir que termine la impunidad por los delitos que se suceden en la Comuna 3, donde denuncian que hay siete mil vendedores instalados en las veredas, con un régimen de loteo y alquiler del espacio público, organizado y regenteado por personas que integran el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a la vista de todas las autoridades (incluídos policías, el Ministerio Público Fiscal y las dependencias estatales a quienes acusaron de ser cómplices), según denuncian. Sin embargo, agrupaciones como la Red de Vecinos Manzana 66 o los propios Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO–MTE) rechazan estos planteos. Desde el Eje de Derechos Humanos y Seguridad del Consejo Consultivo de la Comuna 3 advirtieron que hay una estado de “alerta social”.
“Los Buenos Vecinos BA nos cansamos de la impunidad y la falta de Justicia. Nos cansamos de que las mafias gobiernen nuestro barrio. Estamos hartos de la falta de control, de la falta de respeto del Estado porteño para con los ciudadanos. Nuestro barrio está sitiado por las mafias desde hace dos años. No hay justicia, no hay seguridad, no hay ningún tipo de reacción de parte del Gobierno de la Ciudad. Exigimos que se intervenga la Comisaría 3A”, manifestaron en la convocatoria.
Hace unas semanas, la presidenta de la ONG, Gloria Llópiz Ortíz, había asegurado a este medio que vienen haciendo públicos estos hechos desde hace tiempo “porque no podemos creer que se viva de esta manera y que no actúe ningún organismo de control del Gobierno. Es más, parece un facilitador, porque tenemos a los inspectores conviviendo al lado de la contravención”.
Por su parte, desde VAIO afirmaron que nunca se le cobró a ningún vendedor ambulante por utilizar la vía pública, y que la confusión se pudo haber dado luego de que los hayan visto recaudar fondos para diferentes acciones solidarias que realizan, tales como ollas populares para gente en situación de calle, el pago de piezas a algunos de sus compañeros que por edad o condiciones físicas no pueden trabajar, o para costear los entierros de integrantes del grupo que fallecieron por COVID.
María Elena Barrocal, miembro de la organización de manteros, le comentó a Abran Paso: “Las compañeras se turnan y van a cocinar para la olla popular. Algunos elementos se los da MTE y lo que falta lo ponen los compañeros. Yo soy la encargada de comprar las bandejitas. No lo hago porque me mandan, a mi nadie me manda, lo hago por voluntad, porque me gusta ayudar a la gente”.
Y agregó: “Ellos (Buenos Vecinos BA) lo llaman extorsión, dicen que somos mafia… ¿A qué le llaman mafia? Entre el año pasado y este hemos perdido como seis o siete compañeros y entre todos hacemos una vaquita y ayudamos a las familias de esa gente, a sus hijos, o les celebramos los cumpleaños. Le ayudamos a pagar la pieza a un señor y a una señora, que por la edad no pueden trabajar. Y los compañeros dejan de trabajar y se turnan para ir a llevarle comida a los abuelos. ¿A eso le llaman mafia? ¿A qué le damos de comer a la gente de la calle? La señora Luzmery (presidentes de VAIO) nunca nos cobró un pedazo de piso, eso es pura mentira. Se lo digo yo que he estado desde el día uno que los desalojaron de Once, cuando teníamos una carpa acá y también nos acusaban de muchas cosas. La agrupación no tiene problemas, si les pregunta, ningún compañero va a decir que les cobraron”.
En otra línea, desde Manzana 66 indicaron que están conformes con el accionar policial. “Hace unos días vimos una nota de Revista El Abasto donde una pseudo ONG, floja de papeles, pedía la intervención de la Comisaría 3A. Saben que nosotros reclamamos siempre, pero cuando hay que hablar bien también lo hacemos. Hace dos años y medio que se está trabajando muy bien con la policía. Siguen los operativos y se ven agentes en las zonas afectadas por el narco, se detuvieron a las trans que venden droga, se desalojó una casa problemática en Dean Funes al 500 y el personal del Hospital Español y Ramos Mejia entran más tranquilos a sus trabajos. Entendemos a quienes se quejan por el amontonamiento de manteros, pero les recuerdo que les achicaron la zona. Hay temas sobre los que no pueden actuar porque los fiscales no autorizan (prostitucion callejera, consumo de drogas, venta ambulante)”, publicaron en su cuenta de Facebook.
Además, expresaron que entre marzo, abril y mayo hubo 140 procedimientos y se detuvo a 35 personas por venta de droga. “Por la información de los vecinos y de las fuentes oficiales, nosotros estamos conformes”, apuntaron. Otros ciudadanos, sin embargo, advirtieron que sobre la calle Moreno, desde hace un mes hay personas trans vendiendo narcóticos, lo que genera que haya más movimiento de gente que va a comprarles por la noche.
“Llamo al 911, he llamado muchas veces, pero no te dan bola y las que venden son dos o tres. En donde era antes la camionera mendocina que ahora es un baldío, ahí están parando. Hablé con los policías de la plaza muchas veces, que me ayudaron un montón. El tema es que ahora ya no veo a ninguno. Y es peligroso”, contó una vecina.
Mientras que el Consejo Consultivo de Comuna 3, desde su eje de Derechos Humanos y Seguridad, realizó un análisis sobre la situación y enfatizó que la zona está en estado de alerta social, por la cantidad de robos, hurtos, narcomenudeo, caos de tránsito, peleas callejeras por el uso del espacio público, vulneración de derechos respecto de la niñez, trata y estacionamiento desordenado, que “cuentan directa e indirectamente por acción u omisión con el visto bueno de las fuerzas de seguridad, los organismos de control y de la inacción de la Comuna”, según aseveraron desde la comisión.
Con este panorama, acordaron plantear estos problemas en las reuniones de Comisarías Cercanas, con funcionarios y representantes de la Policía de la Ciudad, y redactar un informe para dar a conocer el estado de la cuestión a la sociedad y a la Junta Comunal.
