La diputada porteña Mariana González presentó un proyecto de ley que busca establecer nuevas reglas para los vendedores que trabajan en el espacio público. La iniciativa lleva el nombre de Beatriz Mechato Flores, fallecida en 2020, y propone un sistema de habilitaciones, puestos comerciales y participación de las organizaciones del sector. Once aparece como uno de los principales lugares alcanzados por la propuesta.
La venta callejera es parte de la actividad comercial de Balvanera y, especialmente, de la zona de Once. Miles de personas circulan diariamente por sus calles, donde conviven negocios tradicionales, galerías, puestos de venta y trabajadores que encuentran en el espacio público una fuente de ingresos.
En ese contexto, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires Mariana González presentó un proyecto denominado Ley Beatriz, que propone establecer un nuevo régimen para quienes desarrollan actividades comerciales en las calles porteñas.
La iniciativa plantea un sistema de permisos, la identificación de sectores habilitados y la participación de los trabajadores en las decisiones sobre la organización de los puestos. Pero el aspecto central de la propuesta está en sus fundamentos: la legisladora considera que la situación de los vendedores no puede abordarse exclusivamente mediante controles y procedimientos policiales, sino que requiere una política que contemple tanto las necesidades laborales como la utilización del espacio público.
Por qué el proyecto se llama Ley Beatriz
El nombre de la iniciativa recuerda a Beatriz Mechato Flores, una vendedora callejera de 74 años que murió el 17 de marzo de 2020 mientras intentaba escapar de un procedimiento de inspectores y efectivos policiales, según relata el proyecto.
Su caso ocupa un lugar central en los argumentos de González, que lo presenta como un ejemplo de los riesgos que enfrentan los trabajadores cuando los conflictos por la ocupación del espacio público derivan en intervenciones de las fuerzas de seguridad.
La diputada también señala que la pérdida de mercadería puede tener consecuencias económicas graves para quienes dependen de las ventas diarias. En muchos casos, los productos representan buena parte del capital disponible para continuar trabajando.
El aumento de los secuestros de mercadería
Uno de los datos más relevantes que incorpora el proyecto está relacionado con los procedimientos realizados por el Gobierno porteño.
Según las estadísticas oficiales citadas en sus fundamentos, durante 2025 se registraron 13.112 secuestros de mercadería, frente a los 2.065 del año anterior. La comparación representa un incremento superior a seis veces entre ambos períodos.
González utiliza estas cifras para fundamentar la necesidad de revisar las herramientas con las que se administra la actividad comercial en las calles. Desde su perspectiva, la normativa actual deja un margen excesivo de interpretación a los organismos encargados de realizar los controles.
Las cifras están consignadas en el expediente legislativo y corresponden a los antecedentes que presenta su autora.
La Comuna 3, en el centro de la actividad
El proyecto también incorpora información que permite comprender la importancia de la venta callejera para Balvanera y San Cristóbal.
A partir de datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), correspondientes a 2022, la iniciativa destaca que el comercio popular constituye una de las principales actividades registradas dentro de ese universo laboral.
El relevamiento citado señala que las mujeres representan el 57,2% de las personas inscriptas como vendedoras ambulantes, el 72,5% de quienes trabajan en ferias y el 73,1% de las dedicadas a la venta directa.
Otro dato destacado es la distribución territorial: según la información reproducida en el proyecto, el 43% de las trabajadoras relevadas reside en la Comuna 3, integrada por Balvanera y San Cristóbal. Le siguen las comunas 4 y 1, ambas con el 11%.
La cercanía entre los lugares de residencia y los espacios de trabajo es uno de los factores que menciona el documento para explicar esta concentración. También destaca la importancia de los centros de transporte, como la estación Once, y las características habitacionales de estas zonas.
Se trata de datos del relevamiento citado por la diputada, no de un censo actualizado de todos los vendedores callejeros de la Ciudad.
Cómo funcionaría el nuevo sistema de permisos
Para modificar esta situación, la iniciativa propone crear un registro de vendedores autorizados y otro destinado a identificar los lugares donde podrían instalarse los puestos.
Las habilitaciones serían individuales, tendrían una vigencia anual y se renovarían automáticamente, salvo que su titular solicitara la baja. Cada persona podría obtener una sola autorización, que no podría venderse ni transferirse.
El proyecto contempla dos modalidades: estructuras que se retiran al finalizar la jornada y puestos que permanecen instalados. En ambos casos, los trabajadores deberían pagar un canon mensual, cuyo importe dependería de la ubicación y del tipo de instalación.
Entre los productos que podrían comercializarse aparecen indumentaria, calzado, artículos de librería, juguetes, accesorios para celulares, artesanías y otros rubros.
Qué cambiaría para los vendedores de Once
Una de las particularidades del proyecto es que identifica expresamente los principales centros comerciales de la Ciudad.
En el caso de Once, establece una zona comprendida entre las avenidas Pueyrredón y Callao, y entre las avenidas Córdoba y la calle Moreno.
Este sector quedaría incluido en la categoría de mayor canon, junto con otras áreas comerciales como Constitución, Retiro, Microcentro, Flores y Liniers.
La iniciativa también establece que, cuando resulte necesario trasladar puestos existentes, sus titulares deberían recibir una ubicación de características iguales o mejores que las anteriores.
No obstante, el texto fija restricciones para la instalación de puestos cerca de determinados establecimientos, paradas de transporte, esquinas y comercios del mismo rubro.
Las organizaciones participarían en las decisiones
Otro aspecto importante es la creación de una comisión encargada de acompañar la implementación de la ley.
Estaría integrada por representantes de distintas áreas del Gobierno porteño, la Defensoría del Pueblo, comisiones legislativas y organizaciones sociales o gremiales vinculadas con la venta callejera.
Entre sus responsabilidades figurarían la elaboración de criterios para distribuir los permisos, el seguimiento de los registros y la participación en las decisiones sobre los espacios comerciales.
El proyecto también establece prioridades para personas con mayor antigüedad en la actividad y para determinados grupos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Un fondo para financiar mejoras y microcréditos
La propuesta incorpora una herramienta económica destinada a financiar su implementación.
Se trata de un fondo que recibiría el 50% de lo recaudado mediante los permisos de venta y otro 50% de los ingresos provenientes del estacionamiento medido.
Los recursos podrían utilizarse para mejorar los puestos, otorgar microcréditos a trabajadores de la economía popular y financiar equipamiento para comedores y espacios comunitarios.
Un debate que atraviesa la vida cotidiana del barrio
La presentación de la Ley Beatriz vuelve a colocar en discusión un problema que tiene especial relevancia en Once: cómo compatibilizar el trabajo de los vendedores callejeros, la actividad de los comercios establecidos y el derecho de los vecinos a circular por el espacio público.
La iniciativa de González parte de la necesidad de ofrecer alternativas de regularización laboral y propone reemplazar parte de la actual dinámica de fiscalización por un sistema de permisos, obligaciones y participación de los trabajadores.
El Gobierno porteño, por su parte, mantiene atribuciones para ordenar y controlar las actividades comerciales en los espacios públicos, y durante 2026 actualizó la regulación de las ferias mediante una disposición que contempla requisitos de inscripción, controles y responsabilidades de los permisionarios.
El proyecto todavía debe atravesar el debate legislativo. Su tratamiento permitirá discutir no solamente dónde pueden instalarse los puestos, sino también qué respuestas puede ofrecer la Ciudad a quienes encuentran en la venta callejera su principal medio de subsistencia.
