La nueva ley, promulgada por el presidente Santiago Peña, busca disuadir la instalación de estas operaciones irregulares y proteger el sistema eléctrico nacional.
Penas más severas para el robo de energía
La Ley 7300 modifica el artículo 173 del Código Penal, aumentando la pena privativa de libertad por sustracción ilegal de energía eléctrica para fines de criptominería de tres a diez años. Esta medida busca desincentivar el robo de energía, un problema que ha afectado significativamente al país en los últimos años.
Decomiso de equipos y bienes
La ley también establece el decomiso de los equipos y bienes utilizados para la criptominería ilegal. Estos activos serán administrados temporalmente por la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y luego podrán ser vendidos. Esta medida tiene como objetivo privar a los delincuentes de las ganancias obtenidas de forma ilícita.
Efecto disuasivo y protección del sistema eléctrico
La portavoz del Gobierno, Paula Carro, ha destacado que la nueva ley pretende «tener un efecto disuasivo sobre aquellas industrias que se están instalando de forma ilegal» en el país. Además, ha aclarado que «no se busca perseguir ni criminalizar la criptominería como tal», sino combatir el robo de energía y proteger el sistema eléctrico nacional.
Crecimiento de la criptominería ilegal en Paraguay
El titular de la Ande, Félix Sosa, ha señalado que la actividad de criptominería ilegal se ha incrementado significativamente en Paraguay a partir del año 2020. Muchas de estas instalaciones se han conectado a la red eléctrica de forma irregular, lo que ha generado pérdidas económicas para la Ande y ha puesto en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.
Campaña contra las conexiones irregulares
Para combatir este problema, la Ande ha puesto en marcha una «campaña muy fuerte» para detectar y eliminar las conexiones irregulares. Hasta la fecha, se han realizado 78 intervenciones con la participación del Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas.
Resultados de la campaña
Como resultado de estas acciones, se han incautado más de 10.000 procesadores de datos, 52 transformadores de distribución y se han iniciado procesos judiciales contra 13 personas. Sin embargo, Sosa ha lamentado que «ninguna persona responsable de esta actividad ilícita hoy en día está en la cárcel».
Costo de la energía no facturada
El costo de la energía no facturada por las conexiones ilegales de criptominería asciende a unos 700 millones de guaraníes (unos 92.600 dólares) mensuales. Esta cifra representa una pérdida significativa para la Ande y para el país en general.
Medidas adicionales
En mayo pasado, el Gobierno presentó ante el Senado dos proyectos de ley adicionales para fortalecer el combate contra la criptominería ilegal. Estos proyectos buscan atraer inversiones en proyectos de generación eléctrica de fuentes no convencionales y no hidráulicas, y establecer un marco legal más robusto para la regulación de la actividad minera.
Conclusión
El Gobierno de Paraguay está tomando medidas firmes para combatir la criptominería ilegal y proteger el sistema eléctrico nacional. La nueva ley, junto con las campañas de control y las medidas adicionales en curso, buscan disuadir la instalación de operaciones irregulares, recuperar las pérdidas económicas y garantizar un suministro de energía confiable para el país.
