Un nuevo proyecto de resolución presentado en la Legislatura porteña busca que el Gobierno de la Ciudad rinda cuentas sobre la reciente contratación de una consultoría estratégica para la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU).
La consultoría fue licitada bajo el código PLIEG-2025-16079257-GCABA-SSHIG, y está destinada a la Subsecretaría de Higiene, dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. El servicio contratado tendría como finalidad generar insumos estratégicos para la próxima licitación pública nacional e internacional del servicio de higiene urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Diagnóstico o maquillaje?
Los autores del proyecto reclaman al Poder Ejecutivo que explique por qué es necesaria esta consultoría, cuáles son sus costos y qué aporta que no puedan generar los equipos técnicos del propio gobierno o los programas lanzados recientemente, como BA Circular, la estrategia de economía circular presentada en agosto de 2024.
Entre los puntos más polémicos, se encuentra la posibilidad de que se evalúe nuevamente el uso de incineración de residuos (termovalorización), algo que generó un fuerte rechazo social en 2018 cuando se modificó la Ley de Basura Cero (N.º 1854) para permitir esta práctica.
También se consulta si se prevé convocar a la Comisión de Seguimiento de la Ley de Basura Cero, inactiva desde 2013, y si se tomará en cuenta el impacto de la reducción de los Puntos Verdes de Reciclado Urbano (PVRU), que pasaron de 41 a 21 sin una explicación clara.
Basura cero: promesa incumplida
Los fundamentos del proyecto no escatiman en críticas: “Asistimos a un colapso en la gestión de residuos y de limpieza de la ciudad, tanto en calles como veredas. No es solo una cuestión estética; es un problema sanitario”, aseguran.
Según datos del propio gobierno porteño, la Ciudad genera 7.281 toneladas diarias de residuos, de las cuales un 23% podrían ser reciclables. Sin embargo, los centros verdes apenas procesan 440 toneladas por día, lo que revela un sistema saturado, desfinanciado y con problemas estructurales en logística, infraestructura y mantenimiento.
Además, se menciona el incendio del Centro Verde Barracas, el más grande de la Ciudad, como un ejemplo de la crisis que atraviesa el sistema de reciclado. Las cooperativas de reciclado, principales operadoras del sistema, han denunciado en reiteradas ocasiones falta de respuestas, inversión e interlocución por parte del Gobierno.
¿Dónde van los residuos?
Una de las grandes incógnitas que plantea el expediente es la ausencia de datos oficiales sobre cuántas toneladas de basura envía la Ciudad a los rellenos sanitarios de la CEAMSE, en territorio bonaerense. Esto impide verificar si efectivamente, como sostiene el Ejecutivo, se redujo en un 53% el volumen de enterramiento desde 2013.
También se critica la falta de políticas que promuevan la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), un modelo aplicado en muchas ciudades del mundo en el que los fabricantes se hacen cargo del reciclado de sus productos.
Sin participación real
El proyecto también denuncia la falta de instancias participativas reales en el diseño de esta consultoría. “Se remplaza el debate público por entrevistas a actores del ‘ecosistema’”, cuestionan. Y advierten: “Se pretende, en solo seis meses, definir un plan para los próximos 20 años de gestión de residuos en la Ciudad”.
