Este proyecto emerge en un contexto donde las cuestiones relacionadas con la salud mental se han intensificado, exacerbadas por la pandemia y las complejidades sociales que atravesamos como sociedad.
La propuesta destaca la necesidad imperante de una articulación efectiva entre familias, docentes, directivos y especialistas para enfrentar estas problemáticas. Las instituciones educativas, en su calidad de actores estatales estratégicos, se erigen como el espacio propicio para la coordinación entre diferentes partes interesadas. Sin embargo, se subraya que la escuela no puede asumir sola esta tarea, resaltando la urgencia de establecer colaboraciones con las áreas de salud para concebir proyectos conjuntos.
La visión propuesta considera a la escuela como parte de una red, donde la corresponsabilidad se convierte en el principio rector para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. No obstante, se reconoce la complejidad de estas articulaciones, que a menudo requieren tiempos significativos de conocimiento mutuo, enfrentándose a las distintas finalidades y lógicas propias de cada espacio institucional.
La coyuntura socioeconómica y educativa de la Ciudad de Buenos Aires exige la construcción de políticas integrales que entrelacen vínculos y construyan tejidos comunitarios. Se enfatiza que no es suficiente abordar cada problema educativo de manera aislada, sino que se necesita una integración eficaz de políticas que se incorporen a la vida cotidiana de la escuela y su contexto territorial.
En este contexto, se destaca la responsabilidad actual de la escuela de replantear su papel en la intervención social. Se subraya que la escuela no solo actúa como un lugar de aprendizaje, sino como un espacio de recuperación y diálogo entre diversos dispositivos de intervención y la sociedad.
La situación alarmante del suicidio, siendo la segunda causa de mortalidad externa en adolescentes y jóvenes, se aborda con la importancia que merece. Las cifras reveladoras de solicitudes de intervención por autolesiones e ideación suicida en instituciones educativas secundarias subrayan la necesidad de medidas integrales y situadas.
El artículo también señala la necesidad de revisar y fortalecer los Departamentos de Orientación Estudiantil (DOE) y la creación de nuevos cargos para abordar las diversas demandas de los/as estudiantes. La falta de coordinación y financiamiento de programas socioeducativos es resaltada como una problemática a abordar de manera estructural y articulada.
La propuesta concluye llamando a la revisión de políticas, destacando la necesidad de condiciones institucionales democráticas que promuevan los derechos y el acceso a la salud y educación para todos los niños, niñas y adolescentes.
En este escenario desafiante, el proyecto presentado por María Bielli surge como una respuesta necesaria y urgente para garantizar el bienestar emocional y el desarrollo integral de la comunidad escolar.
