El reciente fallo del juez Roberto Gallardo en la causa iniciada por trabajadores de la feria artesanal de la calle Perú volvió a colocar en el centro del debate la tensión entre las políticas de ordenamiento del espacio público y el derecho al trabajo. Lejos de limitarse a resolver una cuestión procesal, la resolución desarrolla una extensa fundamentación sobre la protección constitucional del trabajo y reconoce que las actividades informales de subsistencia requieren un abordaje compatible con los derechos humanos y sociales de quienes dependen de ellas para vivir.
La decisión judicial hace lugar al tratamiento del amparo colectivo impulsado por artesanos y vendedores de la feria, descarta que exista cosa juzgada respecto del antecedente «Sánchez» y reconoce el carácter colectivo del proceso, permitiendo que la causa continúe su trámite. Además, considera que los nuevos hechos denunciados —entre ellos los operativos realizados durante 2026— ameritan un nuevo análisis judicial.
El derecho al trabajo como eje de la resolución
Uno de los aspectos más relevantes del fallo se encuentra en el apartado «7.2.2. El derecho a trabajar», donde Gallardo sostiene que el trabajo constituye un derecho protegido por la Constitución de la Ciudad, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
El magistrado advierte que impedir el desarrollo de la actividad artesanal puede empujar a los trabajadores al desempleo y agravar su situación de vulnerabilidad, especialmente en un contexto de crisis económica. En ese sentido, sostiene que las actividades informales de subsistencia no deben ser analizadas exclusivamente desde una lógica prohibitiva o sancionatoria, sino considerando que representan el único medio de vida para numerosas familias.
La resolución también señala que el trabajo excede la mera obtención de ingresos y constituye una expresión de la dignidad humana, la integración social y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. Por ese motivo, afirma que cualquier decisión estatal que afecte estas actividades debe respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y recuerda que el ordenamiento del espacio público puede compatibilizarse con mecanismos de regulación sin excluir a quienes trabajan en él.
«Una gran noticia para todos los trabajadores del espacio público»
Para Marcela Pedraza, trabajadora del espacio público del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el fallo representa «una gran noticia» que trasciende el caso puntual de los artesanos de la calle Perú.
«Es una resolución novedosa. Los artesanos presentaron un amparo colectivo con un compañero abogado del MTE y salió favorable para que puedan seguir trabajando. Es impactante porque la Ciudad no está dando opciones de trabajo«, sostuvo durante una entrevista radial.
La dirigente consideró que la decisión judicial «es un alivio» y puede marcar el inicio de un cambio de enfoque. «Si hay un poco de voluntad política, puede haber soluciones sin necesidad de la violencia«, afirmó.
Según Pedraza, el alcance del fallo no debería limitarse a los artesanos sino extenderse a todos los sectores que desarrollan actividades en el espacio público.
«Tiene mucho alcance para los cuidacoches, los vendedores ambulantes, los artesanos y los cartoneros, que también están siendo arrasados y sacados de la calle como si fueran basura«, expresó.
Críticas a la política del Gobierno porteño
Durante la entrevista, Pedraza cuestionó con dureza las políticas implementadas por el Gobierno de la Ciudad.
«Desde que asumió Jorge Macri el discurso fue el de ‘orden y limpieza’. Y cuando hablaba de limpieza hablaba de personas«, afirmó.
También denunció que existe «una política de odio» contra quienes trabajan en el espacio público.
«Preparan a policías e inspectores para salir a la calle a arrasar, maltratar, detener personas y quitarles la mercadería«, sostuvo.
En la misma línea, criticó las modificaciones al Código Contravencional y señaló que las nuevas sanciones son desproporcionadas para trabajadores de la economía popular.
«Hoy un cartonero o un vendedor ambulante puede enfrentar hasta 60 días de cárcel y multas millonarias. Son personas que se inventan su trabajo para poder comer porque no tienen otra alternativa«, aseguró.
El ejemplo de Luján
Como contracara de ese escenario, Pedraza mencionó la experiencia del sistema de estacionamiento medido con inclusión social implementado en el municipio bonaerense de Luján.
Explicó que allí los trabajadores conocidos popularmente como «trapitos» fueron incorporados a un esquema regulado por el Estado.
«En Luján demostramos que, cuando existe voluntad política, se puede incluir a los trabajadores en lugar de expulsarlos. Es un ejemplo de que el ordenamiento del espacio público puede hacerse con inclusión social«, concluyó.
